Varios países de América Latina se han convertido en el último tiempo en un terreno fértil para las redes criminales y los abusos a los derechos humanos. Este fenómeno es el que colocó a Nicaragua, Honduras y Venezuela como los países más corruptos de la región en 2022, de acuerdo con el último reporte de Transparencia Internacional, publicado este martes.
“La falta de acciones audaces y firmes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas está alimentando a las actividades delictivas organizadas, socavando la democracia y a los derechos humanos y amenazando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, dice el informe sobre América, donde las actividades criminales trascienden muchas veces hasta las instituciones públicas.
Así como Uruguay y Canadá poseen los índices más altos del continente —ambos con 74 puntos—, seguidos por Estados Unidos con 69, los países con los peores índices de corrupción son Venezuela (14 puntos), Haiti (17 puntos) y Nicaragua (19 puntos). Honduras y Guatemala también están entre los más corruptos.
Chile también se destaca entre los menos corruptos con un puntaje de 67 puntos.
Transparencia Internacional construyó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 clasificando a 180 países y territorios, según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (de muy baja corrupción).
“Las instituciones débiles y que no rinden cuentas en América Latina han creado un terreno fértil para que florezcan las redes delictivas organizadas, alimentando la violencia y la inseguridad”, explica el reporte sobre lo que sucede en la región. Además, menciona que, en muchos países, funcionarios y agentes de policía colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos.
“En Honduras (23 puntos), Guatemala (24) y Perú (36), la evidencia sugiere que los delincuentes organizados ejercen una fuerte influencia sobre los candidatos y políticos, financian campañas electorales o incluso se postulan para cargos públicos”, afirma Transparencia Internacional.
Esa situación lleva a que las mujeres, las niñas y los migrantes sean muchas veces víctimas de redes de trata y de “sextorsión”, que “generalmente incluye a funcionarios públicos”. “En la Amazonía, el narcotráfico ha llevado la violencia a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que coinciden con áreas críticas de alta biodiversidad”, indica.
En 2021, añade el reporte, los países de América Latina registraron el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos. Colombia (39 puntos) tuvo el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos con 138, seguido de 42 en México (31 puntos) y 27 en Brasil (38 puntos).
Otro de los fenómenos analizados es que, para hacer frente al crimen organizado y la violencia de las pandillas, algunos Gobiernos tomaron medidas que llevaron a la concentración de poder, reduciendo la transparencia y la rendición de cuentas, y presentando serias amenazas a los derechos humanos y las libertades básicas. Por ejemplo, la declaración del estado de excepción durante 2022 en países como El Salvador (33), Ecuador (36) y Honduras (23) otorgó facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para suspender garantías constitucionales.
Los Gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad para proteger a las personas y, a su vez, en esos contextos el descontento público tiene más probabilidades de transformarse en violencia. Es el caso de Brasil, en donde “la combinación de corrupción, autoritarismo y desaceleración económica ha resultado ser especialmente volátil”.