Saab: Presidente de Solid Show, preso por narcotráfico, estaría detrás de la organización del concierto de Romeo Santos

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, informó la madrugada de este martes 12 de diciembre, que el Ministerio Público investigará a las empresas «Panteras Entertainment» y «Global Boletos», encargadas de organizar el concierto de Romeo Santos en La Carlota, donde se produjeron una serie de irregularidades.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Saab indicó que se designó a la Fiscalía 24 con competencia nacional para «investigar y sancionar las irregularidades cometidas por Panteras Entertainment y Global Boletos».

De acuerdo con Saab, estas empresas «agraviaron y abusaron de la buena fe de la fanaticada del cantante Romeo Santos, en el concierto que se celebró la madrugada del 11 de diciembre en la ciudad de Caracas».

Asimismo, señaló que las pesquisas iniciales identificaron a Juan Carlos Araujo Durán como presunto responsable de la organización del concierto. Saab indicó que Araujo Durán está privado de libertad y enjuiciado «por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos de cocaína en el 2015 en República Dominicana».

«Dicho hampón fungió también en su momento como dueño y presidente de la empresa de eventos Solid Show usada para legitimar capitales del narcotráfico», agregó Saab.

También, Saab explicó que, estando preso, y con «complicidad interna de su lugar de reclusión», Juan Carlos Araujo Durán también «habría estafado a los organizadores del concierto de Anuel, celebrado el pasado mes de marzo a través de la empresa Live VIP».

«El grupo de delincuencia organizada con el que Juan Carlos Araujo Durán operaba para estafar incluye al director del centro de reclusión en el que se encuentra detenido: Argenis Guerra, quien ya se encuentra privado de libertad por hechos de corrupción, por lo que los fiscales encargados de la investigación le sumarán esta pluralidad de delitos para aumentar su condena», agregó Saab.

Finalmente, informó Saab que el Ministerio Público solicitará la prohibición de «enajenar y gravar», así como la inmovilización de todos los activos de las empresas investigadas por estos hechos.

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