septiembre 27, 2021

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Abuso sexual

Esta semana inició una de las investigaciones más complejas sobre abuso sexual eclesiástico cometidos en Argentina.

Se trata del juicio contra dos monjas que son acusadas de participar en agresiones contra niños y niñas sordos del Instituto Antonio Próvolo, ubicado en la provincia de Mendoza.

Por este caso ya fueron condenados los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, así como el jardinero Armando Gómez, en noviembre de 2019, luego de que se comprobaran 28 ataques y torturas en contra de 11 menores entre los siete y 17 años.

Ahora se está procesando a Kosaka Komiko, una monja japonesa de 46 años, quien está detenida desde 2017 y cumplía prisión domiciliaria en un convento.

Esta mujer, según las víctimas, era quien los llevaba con los curas abusadores, eligiendo a los niños más sumisos, les colocaba pañales para ocultar las violaciones, y también abusaba de las niñas.

Komiko enfrenta los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión.

También se inicia el proceso contra Asunción Martínez, una monja paraguaya de 53 años, quien trabajaba en el instituto desde 1997, y fue señalada por las víctimas de conocer sobre los abusos sin hacer las denuncias respectivas y en su lugar solo llevaba a los abusados con un médico. Por esto enfrenta cargos como partícipe primaria de abuso sexual.

Además de las religiosas, otros trabajadores del instituto enfrentarán procesos por estos hechos, se trata de: la representante legal, Graciela Pascual; las exdirectoras del instituto, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán; la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz.

A estas personas se les imputan delitos como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión, por no haber denunciado los abusos.

La Iglesia católica de Colombia sancionó a 19 sacerdotes, quienes están en investigación policial, por una denuncia de abuso sexual, señaló el viernes 2 de abril un portavoz de la Arquidiócesis de la ciudad de Villavicencio.

Los curas fueron apartados de sus funciones tras una denuncia presentada el 14 de febrero por un hombre colombiano, cuya identidad se mantiene en reserva. Este dio a conocer “hechos contra la moral sexual” por parte de los sacerdotes.

En su comunicado, la Iglesia sostiene que se trata de una persona agredida. “Le expresamos nuestro profundo dolor y solidaridad y le hemos ofrecido un acompañamiento psico-espiritual”.

“Siguiendo los protocolos de la Comisión Arquidiocesana de Protección de Menores esta noticia se puso en conocimiento de la Fiscalía (…), y nos pusimos en total disponibilidad para colaborar con las investigaciones”, añade el mensaje.

La Iglesia recalcó que actuó con los sacerdotes conforme a los “lineamientos dados por el Papa Francisco (…) de tolerancia cero con los abusos sexuales de parte de clérigos”.

Más casos

El arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar, reconoció en marzo de 2019 que la Iglesia conoce más de 100 casos de abusos sexuales en Colombia, aunque no precisó las edades de las víctimas ni el periodo en que fueron cometidos.

El escándalo ocurrió en la antesala de la Semana Santa. De mayoría católica, Colombia vive su fe de una manera inusual por culpa de la pandemia del coronavirus, que obligó a imponer una cuarentena general para evitar las celebraciones masivas.