Esta semana inició una de las investigaciones más complejas sobre abuso sexual eclesiástico cometidos en Argentina.
Se trata del juicio contra dos monjas que son acusadas de participar en agresiones contra niños y niñas sordos del Instituto Antonio Próvolo, ubicado en la provincia de Mendoza.
Por este caso ya fueron condenados los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, así como el jardinero Armando Gómez, en noviembre de 2019, luego de que se comprobaran 28 ataques y torturas en contra de 11 menores entre los siete y 17 años.
Ahora se está procesando a Kosaka Komiko, una monja japonesa de 46 años, quien está detenida desde 2017 y cumplía prisión domiciliaria en un convento.
Esta mujer, según las víctimas, era quien los llevaba con los curas abusadores, eligiendo a los niños más sumisos, les colocaba pañales para ocultar las violaciones, y también abusaba de las niñas.
Komiko enfrenta los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión.
También se inicia el proceso contra Asunción Martínez, una monja paraguaya de 53 años, quien trabajaba en el instituto desde 1997, y fue señalada por las víctimas de conocer sobre los abusos sin hacer las denuncias respectivas y en su lugar solo llevaba a los abusados con un médico. Por esto enfrenta cargos como partícipe primaria de abuso sexual.
Además de las religiosas, otros trabajadores del instituto enfrentarán procesos por estos hechos, se trata de: la representante legal, Graciela Pascual; las exdirectoras del instituto, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán; la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz.
A estas personas se les imputan delitos como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión, por no haber denunciado los abusos.
