En momentos en que Colombia se prepara para aterrizar un estatuto de protección elogiado por la comunidad internacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha agitado una vez más la xenofobia contra los migrantes venezolanos en una actitud que la aleja de sus credenciales progresistas y ha despertado críticas hasta de sus aliados políticos. Sus declaraciones se han producido a cuentagotas, en distintos momentos, espaciadas en el tiempo a lo largo del último año, pero se intensificaron la semana pasada después del atroz asesinato de un policía en una de las zonas más transitadas de la capital colombiana en medio de una serie de balaceras que hacen temer un deterioro de la seguridad.
El patrullero Edwin Caro fue asesinado de un disparo en el rostro la tarde del pasado miércoles en el acomodado norte de Bogotá, cuando junto a otro uniformado detuvieron para una requisa a dos sospechosos que estaban armados con revólveres. Uno de ellos sacó su arma y abrió fuego contra el patrullero. Ambos eran venezolanos, como ha enfatizado desde entonces la alcaldesa. “No es la primera vez, desafortunadamente (…) que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Respeto profundamente las políticas del Gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías”, dijo López en una de muchas declaraciones del mismo corte que han agitado el debate público. “A los venezolanos todo se les ofrece, qué garantías tenemos los colombianos”, se preguntó.
Esas palabras exacerbaron la controversia. Desde muy diversos sectores le reclaman que juega peligrosamente con la xenofobia en un país que ha mantenido contra viento y marea una elogiada política de acogida y flexibilidad migratoria sometida a una enorme presión social. También que sus críticas se producen justo cuando el Gobierno de Iván Duque se propone regularizar a cerca de un millón de venezolanos indocumentados –de los más de 1,7 millones que ya se encuentran en Colombia– mediante un estatuto temporal de protección con una vigencia de 10 años. Las encuestas señalan que no es una medida popular, y dos tercios de los colombianos están en desacuerdo. Aunque los contrapunteos de López con Duque son cotidianos, acentuados especialmente con respecto al manejo de la crisis sanitaria, en esta ocasión hasta sus más estrechos aliados percibieron que la alcaldesa del partido progresista Alianza Verde cruzó una línea roja.
Sus declaraciones se han producido a cuentagotas, en distintos momentos, espaciadas en el tiempo a lo largo del último año, pero se intensificaron la semana pasada después del atroz asesinato de un policía en una de las zonas más transitadas de la capital colombiana en medio de una serie de balaceras que hacen temer un deterioro de la seguridad.
“Así como he resaltado el buen liderazgo de Claudia en la conducción de Bogotá en uno de los periodos más difíciles, hoy lamento sus declaraciones con respecto a los migrantes venezolanos. No podemos, bajo ningún motivo, caer en expresiones que alimentan la xenofobia”, señaló el excandidato presidencial Sergio Fajardo sobre quien fue su fórmula electoral en la campaña del 2018. “Señalar la nacionalidad de quien comete un delito es un error gravísimo, no es efectivo para combatir la inseguridad y puede alentar la xenofobia”, advirtió su copartidaria Juanita Goebertus, una entre varios legisladores verdes que marcaron distancia. La mitad de los concejales de la capital le enviaron una carta para pedirle una retractación que nunca se produjo. Otras figuras de centro, con las que la Alianza Verde intenta forjar una coalición de cara a las presidenciales del 2022, también se mostraron críticos. El excongresista Juan Manuel Galán incluso se preguntó si la xenofobia es la política de la Alcaldía de Bogotá y de Claudia López frente a la crisis de seguridad.
“Nos preocupa mucho que una autoridad de la importancia de la alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo de elección popular más importante del país, pueda abrir las puertas a manifestaciones xenófobas mucho más amplias, y con posibles consecuencias más peligrosas”, advierte Txomin Las Heras, de la organización Diálogo ciudadano colombo venezolano. Más de cinco millones de venezolanos han huido de su país empujados por la hiperinflación, la inseguridad o la escasez de alimentos y medicinas. Colombia es por mucho el principal destino de esa diáspora, y la ciudad que acoge más migrantes es su capital, con casi 340.000.
Muchos de sus críticos le recordaron a López que varios estudios evidencian que los venezolanos en Colombia son víctimas de la criminalidad, más que perpetradores. Desde la administración, sin embargo, sostienen que las cifras les dan la razón. Ante la percepción de un aumento de la inseguridad –que las autoridades desmienten–, a la alcaldesa se le ha vuelto costumbre referirse selectivamente a la nacionalidad de los autores de ciertos delitos. Luego de sus declaraciones, las publicaciones discriminatorias en redes y medios de comunicación crecieron 576 % de acuerdo con el Barómetro de Xenofobia, una plataforma que hace seguimiento de las expresiones sobre la población migrante. También tuvieron el efecto de impulsar en 1.152% las publicaciones sobre integración.
La inmensa mayoría de los venezolanos forman parte de las franjas más vulnerables. La alcaldesa, que suele definirse como una mujer diversa y hecha a pulso, lanzó las primeras declaraciones que podrían ser consideradas discriminatorias el pasado abril, cuando reclamó con insistencia que fueran las autoridades nacionales las que atendieran a los migrantes que en aquel entonces eran desalojados de sus viviendas. “Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Que pena que lo único que no podemos cubrir, es el arriendo”, dijo. Después comenzó a relacionar los delitos con el flujo migratorio. “Hay unos inmigrantes metidos en la criminalidad que nos están haciendo la vida a cuadritos”, dijo en octubre.
López se ha esforzado en retratarse como una alcaldesa cuidadora, ubicada en el centro del espectro político y por encima de la polarización. Paradójicamente, desde la Alcaldía ha encabezado los esfuerzos para desactivar la bomba social que ha provocado la pandemia al garantizar transferencias de recursos a los más vulnerables, pero los migrantes han aparecido de manera recurrente como un punto de fricción en su discurso. La alcaldesa comenzó la crisis sanitaria como la líder mejor evaluada en el país, pero la erosión de su popularidad ha sido evidente en los últimos meses. En la medición de Invamer-Gallup, en la que llegó a alcanzar el 89% de aprobación el pasado abril, esa cifra cayó hasta 52% este mes, con un 43% de desaprobación.
“López ha decidido utilizar el mismo recurso de los populistas en todo el mundo cuando se ven enfrentados a cifras incontrolables de inseguridad: culpar al migrante, generalizar, hacer declaraciones manipuladoras de la realidad y fomentar la violencia contra los venezolanos que viven en nuestro país”, la fustigó el periódico El Espectador en su editorial. “Se trata de un discurso discriminatorio que funciona, pues hoy muchos colombianos han permitido que el desprecio por los foráneos sea una posición mayoritaria, pero no deja de ser un acto cruel y que contradice todas las promesas de inclusión que hace el Distrito”.
Aunque la tormenta coyuntural amaine, las consecuencias perduran. “Declaraciones así muestran un ambiente y un clima institucional no muy propicio para la implementación del estatuto desde lo local, y es preocupante”, valora María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Esos mensajes terminan legitimando narrativas en las que la imagen de los migrantes se construye a partir de estereotipos negativos. “La xenofobia termina aumentando la tensión social, que es con lo que nos quedamos”, concluye.
