septiembre 27, 2021

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Yaracuy

El alcalde del municipio Sucre del estado Yaracuy, Luis Adrián Duque, informó que tiene coronavirus y lo dio a conocer  en su cuenta de Instagram, donde detalló que se encuentra en “cuarentena radical”.

“Más que nunca conciencia y más conciencia en cada hogar. Me quedaré en casa por mi salud, la de mi familia y la de cada uno de ustedes”, expresó el alcalde en un post en el que se mostró con tapabocas.

La Fiscalía dijo que iba a investigar al alcalde, de línea chavista, por marcar «de manera unilateral» casas de enfermos de COVID-19 como parte de una campaña preventiva en su municipio.

El fiscal señaló en su momento que se trataba de un acto de «segregación» al «margen de la política del Estado venezolano para combatir la pandemia», aplicado unilateralmente.

Luego el burgomaestre se disculpó por sus acciones.

Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, anunció este miércoles 7 de abril una investigación penal en contra de Luis Adrián Duque, alcalde chavista del estado Yaracuy, por señalizar las casas de las personas contagiadas con coronavirus.

«El Ministerio Público aperturó una investigación penal al alcalde Luis Adrián Duque de Yaracuy, quien de manera unilateral y al margen de la política de Estado para venezolano para combatir la pandemia marcó macabramente las casas de pacientes que sufren covid-19«, dijo.

«El Ministerio Público junto a la Defensoría del Pueblo actuó de manera conjunta para proceder a retirar los insólitos avisos colocados selectivamente en Yaracuy en la casa de los pacientes», agregó el fiscal chavista.

En el video, difundido en redes sociales, puede verse una vivienda en la que hay un círculo rojo con la frase «familia en cuarentena preventiva, no se aceptan visitas».

Duque advirtió, mientras señala el cartel rodeado de policías, de que lo hará con todas las viviendas donde haya un paciente con covid-19. «Alerta, a cuidarnos por nuestra salud, la conciencia es la mejor vacuna para todos», dice el regidor.

Frente a ese video, Fundaredes aseguró en Twitter que «este tipo de acciones son discriminatorias, la estigmatización de pacientes covid-19 es una violación a sus derechos».

La medida desató críticas de diferentes médicos y el representante de una organización gremial explicó a EFE que la decisión es «retrógrada, fascista» y discriminatoria, a la vez que recordó que se parece a las tomadas siglos atrás cuando «alguien había muerto por la peste».

Al menos dos presos que estaba recluidos en el Internado Judicial de San Felipe, capital del estado Yaracuy, fallecieron por la explosión de una granada que, al parecer, manipulaba uno de ellos, informó este domingo la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Los fallecidos fueron identificados como Lenin Enrique Noriega Cariel, de 30 años de edad, y Ericson Francisco Romano González, de 28 años de edad, detalló la OVP en un comunicado en el que recuerdan que el centro de reclusión es conocido popularmente como “La Cuarta”.

La explosión se produjo sobre las 21.00 GMT del pasado sábado (1.00 GMT del domingo) en un área denominada La Torre, ubicada dentro del centro penitenciario, según pudo conocer el equipo de la ONG.

Varias fuentes internas del penal detallaron a la OVT que los fallecidos eran “luceros”, como se les llama a los hombres de máxima confianza del “pran” (líder de una banda) internado en el centro penitenciario.

Dichas fuentes explicaron al observatorio que los dos fallecidos iban armados todo el tiempo.

Noriega Cariel era oriundo de Urachiche, en el céntrico estado Yaracuy, y llevaba nueve años preso por homicidio y porte ilícito de arma de fuego, mientras que Romano González era de la parroquia Santa Rosa, en el estado Lara (centro), y estaba detenido desde 2017 por homicidio.

Tras la explosión, los visitantes fueron evacuados y quedaron 990 internos que sobreviven a un sinfín de penurias dentro de esta cárcel, denunció la OVP.

A juicio del observatorio, este caso deja en evidencia la decadencia del sistema penitenciario en Venezuela, puesto que abunda la violencia, corrupción y el tráfico de armas.

“Es por esta razón que, desde la OVP, exigimos una investigación inmediata, oportuna y veraz sobre el ingreso de armas y artefactos explosivos al penal, en pro de evitar más muertes innecesarias y muy dolorosas para los familiares de los reclusos”, concluyeron.